Lo último que sabíamos en torno al gran proyecto que tiene entre manos López Obrador, ese faraónico Tren Maya que debe abrir aún más las puertas al turismo y el acceso a gran parte del patrimonio nacional, era el descubrimiento de un conjunto de tesoros y restos arqueológicos del pasado de incalculable valor histórico. En realidad, estos hallazgos explican muy bien por qué se acaba de detener un tramo clave del proyecto.

Se detiene el Tramo 5 Sur. Para que nos hagamos una idea, el anuncio del Juzgado Primero de Distrito de Mérida, Yucatán, “suspendiendo de forma definitiva las obras”, significa detener el tramo que viaja de Playa del Carmen a Tulum. Dicho de otra forma, es el camino que debe atravesar uno de los destinos turísticos más visitados del país, la Riviera Maya, con sus playas, sitios arqueológicos y parques naturales.

Impacto ambiental. Es la clave de la suspensión. El dictamen indica que las empresas que se encargan de la realización de las obras no han respetado el informe de impacto ambiental que Semarnat emitió en 2022. De hecho, el juez ha sido bastante claro al detallar que, de seguir las obras en el tramo, el riesgo de los daños era irreversible.

Aquel estudio de hace dos años prohibió el vertido de material producto de cortes y excavaciones de las obras o actividades en zonas de escorrentías superficiales o sitios que sustenten vegetación forestal, “así como verter o descargar cualquier tipo de materiales, sustancias o residuos contaminantes o tóxicos que puedan alterar las condiciones de escorrentías”. Sin embargo, y pese a tenerlo prohibido, desde el año pasado se siguió adelante.

El informe de Profepa. Durante este año, entre los meses de febrero y marzo, la Procuraduría de Protección al Ambiente (Profepa) llevó a cabo un recorrido por el tramo para evaluar su impacto en el enclave. Entonces se reflejó en otro informe la advertencia de varios ambientalistas que alertaban del derrame de cemento en algunas cavernas de la zona.

No solo eso. Profepa también encontró camiones y maquinaria de hormigón llevando a cabo los procesos de lavado interno de las máquinas en zonas no autorizadas. Por ejemplo, en las cavernas Garra de Jaguar, Oppenheimer y Ocho Balas. ¿El problema? Cuando el cemento que se derramó terminó por solidificarse, cayó en el cuerpo del agua del interior de las cavernas.

Cenotes en peligro. Otra polémica que viene de largo. En enero de este año, el diario El País se adentró con espeleólogos en una de las cavernas impactadas por la obra del proyecto. El dictamen de los expertos: están atravesando todo el suelo kárstico para luego introducir enormes pilotes como estructuras de soporte. En esencia, están “acuchillando” el sistema de cuevas y cenotes.

Entre las irregularidades que han llevado a la suspensión del tramo se encuentra el colapso del techo de un cenote (sin nombre), la modificación de la topoforma de las cavernas por culpa de las perforaciones y los pilotes, o incluso la extracción de aguas sin permiso.

Legado. Si el Tren Maya termina haciéndose con el plan aprobado, terminará con más de 1.500 kilómetros de recorrido por la península de Yucatán conectando ciudades turísticas como Playa del Carmen y Cancún, con ciudades y comunidades remotas y sitios arqueológicos donde el gobierno ve un desarrollo económico. Con un presupuesto de 30.000 millones de dólares, es la faraónica pieza que quiere dejar como legado López Obrador.

El Tren Maya, según Obrador. Para AMLO, el proyecto representa desarrollo para las nuevas generaciones, “hay que pensar en los que vienen detrás de nosotros, para ellos es el proyecto”, ha indicado. Además, el gobierno también ha explicado que fortalecerá el ordenamiento territorial de la región y potenciará la industria turística de la misma. “Generará derrama económica e incrementará la conectividad en la península de Yucatán, permitiendo mover carga y pasajeros de una manera eficiente”, se afirma desde el ejecutivo.

Críticas con los críticos. Además, Obrador no ha dudado en enfrentarse duramente a quienes rechazaban el proyecto del tren. Les ha tildado de pseudoambientalistas o cuando ha habido incidentes ha dejado caer de forma sutil teorías conspiranoicas.

Dinamizar poblaciones. No solo es un slogan del gobierno. Lo cierto es que en parte del trazado se reutilizaron las vías del sistema ferroviario mexicano que fue privatizado a finales del siglo XX. La consecuencia, una vez terminado, conectaría a los estados más pobres con zonas ricas y turísticas.

Sobre el papel, el proyecto podría crear casi un millón de nuevos empleos y ayudar a sacar de la situación de pobreza a 1,1 millones de personas hasta el año 2030. El impacto económico en los lugares por donde pasará el tren sería el doble de lo pronosticado antes del proyecto, según las estimaciones del programa de Naciones Unidas.

El cambio de planes. El plan original se “desvió” tras las quejas de los grandes hoteleros de la Riviera, y el tramo viró hacia el interior de la selva, a los sistemas de cavernas más importantes, derribando miles de árboles del segundo bosque tropical de América tras la Amazonía. En esas cuevas viven ecosistemas muy frágiles, y el remedio para salvarlo ha sido, quizás, peor. Las taladradoras y los pilotes, según varios estudios, están arrasando todo.

Las prisas por construir. De fondo siempre parece haber una carrera por terminar el proyecto a tiempo (eso ahora, pasadas las elecciones, parece más complicado). No hubo estudios exhaustivos sobre el impacto (una MIA), simplemente una autorización provisional derivada de un acto inconstitucional –según lo determinado el 18 de mayo de 2023 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)– como fue la emisión de un acuerdo presidencial en noviembre del 2021, que declaró los megaproyectos federales como de interés público y de seguridad nacional.

De hecho, cuando un juez ordenó suspender la construcción de uno de los tramos, se continuó los trabajos. Además, gran parte del proyecto es difuso para la gran mayoría de la ciudadanía. López Obrador encargó la construcción al Ejército y bloqueó la divulgación por tratarse de un proyecto de “seguridad nacional” amparándose “en los corruptos que quieren pararla”.

Qué pasará ahora. La resolución del juez, una “suspensión definitiva”, indica un principio in dubio pro natura, que se refiere a la obligación de considerar, al momento de resolver sobre la suspensión que, en caso de duda, “se debe favorecer la protección y conservación del medio ambiente, dando preferencia a las alternativas menos perjudiciales”.

Imagen | BORIS G, Pexels

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