El Gobierno aprobará en los próximos Consejos de Ministros la convocatoria de 40.121 nuevas plazas de empleo público. Esta nueva convocatoria se suma a las más de 183.000 plazas que la Administración ha creado desde 2018.

Pese a que la cifra puede parecer a priori elevada, resulta insuficiente para cubrir las vacantes que dejará una plantilla de funcionarios muy envejecida que comienza a acelerar el ritmo de jubilación.

40.121 nuevas plazas en 2024. La próxima aprobación de convocatoria a nuevas plazas solo necesita superar el trámite de aprobación en próximos Consejos de Ministros. La nueva convocatoria propuesta para 2024 consistirá en 20.840 plazas de turno libre que ocuparán nuevos funcionarios, y al menos 10.600 plazas que corresponderán a promoción interna. Es decir, funcionarios en activo que abandonan su puesto actual para ascender, por lo que no suman nuevas plazas al cuerpo de funcionarios, sino que dejan vacantes.

De esta nueva convocatoria se reservan 6.520 nuevas plazas para cubrir las vacantes de Fuerzas Armadas y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y 2.161 plazas de promoción para funcionarios que ya pertenecen a estos cuerpos. De nuevo, estas plazas no suman nuevos miembros a estos cuerpos ya que serán funcionarios que solo cambian de puesto.

Cubriendo plazas a marchas forzadas. Con esta convocatoria que se acaba de anunciar, el Ejecutivo ya suma un total de 224.557 nuevas plazas en la Administración pública, elevando un 369% las plazas convocadas por la anterior administración liderada por Mariano Rajoy. La anterior Administración convocó un total de 60.874 plazas entre los ejercicios de 2012 a 2017, marcando un récord mínimo histórico en 2013 con solo 344 plazas convocadas.

El sindicato de funcionarios CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios), apunta a que esta cifra, aunque parezca muy abultada en principio, no hace más que cubrir a mínimos la plantilla necesaria. “mantiene la tasa de reposición, reduce la creación de empleo neto, se pierden plazas de personal laboral respecto al año anterior y no garantiza la ejecución de los plazos”, aseguran sus representantes en un comunicado.

Un gran problema demográfico: los funcionarios se jubilan. Según los últimos datos de 2022 del Estudio sobre el envejecimiento de las plantillas en la Administración General del Estado, se espera que más de un millón de funcionarios se jubile en los próximos diez años, a un ritmo aproximado de 100.000 funcionarios al año.

Eso deja un panorama de déficit de personal público en la próxima década. Incluso manteniendo el incremento de las convocatorias de los últimos años, ese ritmo sería insuficiente para cubrir las vacantes por jubilación que dejarán los funcionarios en los próximos años.

Una plantilla envejecida. Los datos del INE de 2023 apuntan a que unos 419.500 funcionarios tienen en 2023 entre 60 y 64 años, por lo que, en un plazo de cinco años, duplicarían en número de jubilaciones a las incorporaciones que se han hecho en los últimos cinco años.

La pesadilla del relevo generacional no termina aquí. 561.800 funcionarios tienen entre 55 y 59 años en este momento, por lo que, en un plazo de diez años, esa cifra será todavía mayor. Eso obligaría a, al menos, triplicar el ritmo de convocatorias de plazas actual durante la próxima década para contrarrestar el ritmo de jubilaciones. Se estima que para 2032, el 60% de los funcionarios que actualmente están en activo se hayan jubilado. “Nos enfrentamos a un desafío extraordinario en términos de relevo generacional. Nuestro país está envejecido, particularmente en la Administración Pública”, explicó durante su intervención en el Senado el ministro Escrivá.

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Imagen | Flickr (Gobierno de Castilla- La Mancha)