11.550.053 hectáreas. Esas son, según el Banco Mundial, las tierras cultivables que había en el país en 2021. Decir que se trata de uno de nuestros grandes recursos inaprovechados parece absurdo en una potencia agroalimentaria como España. Pero es así. 

Sobre todo, porque en tiempos de transición energética, todo cambia. Y eso es lo que nos está enseñando la “agricultura de carbono”. 

¿De qué estamos hablando? Cuando una empresa quiere reducir su “huella de carbono” tiene dos opciones: o bien introduce cambios en sus procesos operativos para emitir menos CO2 o bien compra derechos de emisión en los mercados de carbono. Ese mercado se divide en mercados regulados (puestos en marcha por los estados que establecen límites de emisiones) y los voluntarios. Son estos los que nos interesan ahora.

Este tipo de mercados usan la misma filosofía que los regulados para que empresas adquieran ‘créditos de carbono’ a cambio de financiar la conservación de bosques, la reforestación de territorios, la instalación de plantas solares o la transformación de los residuos.

Según explicaba Libremercado, “Cabify, por ejemplo, ha adquirido los bonos de la Comunidad de Montes Vecinales en Laza (Galicia) para compensar una parte de las 75 toneladas de carbono anuales que emite en todas las ciudades en las que opera”.

Un ‘boom’ de los bosques que se queda corto. En la medida en que las legislaciones europeas son cada vez más estrictas, este tipo de bosques está viviendo un pequeño ‘boom’ que ha atraído a empresas y fondos de inversión. En 2023, había 420 proyectos que sumaban casi 8.000 hectáreas repartidos por el país (con más de la mitad en Galicia). Lo que supone un crecimiento bastante considerable con respecto al año anterior.

Y eso que los requisitos para entrar en el Registro de Huella de Carbono del Ministerio de Transición Ecológica son, como es lógico, relativamente estrictos. Hablamos de cosas como que los proyectos tengan que desarrollarse en zonas incendiadas (o en las que no haya habido bosques desde 1990), que ocupen más de una hectárea o que aseguren su pervivencia durante 30 años.

El problema aquí es que, por mucho que se quiera, la gestión de este tipo de proyectos (sus plazos y las incertidumbres regulatorias para inversiones a tan largo plazo) hacen que la oferta crezca mucho más lentamente que la demanda.

Hay otra alternativa. “Dado que los suelos son capaces de almacenar grandes cantidades de carbono, un pequeño incremento de este stock puede mitigar el efecto de cantidades significativas de gases de efecto invernadero”, explicaba el Ministerio en su último informe. Y es verdad especialmente para los suelos cultivables.

Porque, aunque seguramente no hablamos de capturas asimilables, la introducción de técnicas de agricultura de carbono (de técnicas para aumentar la captura de CO2 mientras realiza su actividad productiva normal) es mucho más sencilla y rentable.

¿Rentable? Eso parece. Según los datos del Ministerio de Agricultura, “en el quinquenio 2017-21 las diferencias medias de rendimiento entre parcelas de siembra convencional y siembra directa fueron pequeñas”. Un 0,6% a favor de la siembra convencional en secano, y un 1,4% a favor de la siembra no convencional en regadío.

De hecho, estas técnicas han ido creciendo en su alcance por méritos productivos propios. La cubierta espontánea (que sustituye a la práctica habitual de desbroce) es utilizada ya en 781.026 ha de olivar (el 28% de su superficie). La siembra directa en el caso de los cereales ya alcanza también 750.000 hectáreas.

Así que el siguiente paso lógico no está solo en introducir esas técnicas, sino en vender todo el carbono extra que estamos fijando de más.

Aprovechar el momento. La Comisión Europea ha propuesto un objetivo de eliminación neta para 2030 de 310 millones de toneladas de CO2 en el sector del uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura. Eso son muchas toneladas y, en conseonancia, mucho dinero. Según el último informe de Ecosystem Marketplace, en 2023 los compradores pagaron 6,53 dólares de media por cada tonelada de CO2.

A día de hoy España sigue siendo el tercer país con mayor número de hectáreas cultivables de la Unión, pero además es una potencia agrícola a nivel mundial. es decir, no solo tiene los recursos materiales para aprovechar esta ventana de oportunidad, sino que también tiene recursos técnicos, corporativos y financieros para hacerlo.

Y en ello estamos. En Euskadi, por ejemplo, Aclima (un cluster vasco de medio ambiente) y el centro de investigaciones agrarias Neiker están poniendo en marcha un proyecto para reconvertir la superficie rural de las tres provincias en una pieza clave para que la industria vasca consiga la neutralidad climática.

La idea, desde luego, tiene sentido; pero en lo que coinciden los expertos es que es el momento de ser ambiciosos. La agricultura española se encamina hacia una de las grandes transiciones industriales del siglo y, en plena transición ecológica, esta es una herramienta de cambio que no podemos dejar perder.

Imagen | Meriç Tuna

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