Los centros de datos son una de las inversiones más generosas de los últimos años para las distintas regiones. Desde Meta hasta ACS, pasando por Microsoft o Google. Millones de euros y miles de empleos están en juego y las diferentes administraciones lo saben.

La Comunidad de Madrid creó en 2023 una Oficina de Impulso a los Centros de Procesamiento de Datos con los que intentar captar hasta 6.000 euros en 2025. Pero en este intento de atraer nuevos centros de datos se enfrentan a un problema: no hay suficiente espacio para colocarlos.

Añadir una excepción para empresas a la ley del suelo. Según describe El Periódico de España, la Comunidad de Madrid está planteando añadir una excepción en la reforma de la ley del suelo para poder facilitar la llegada de estos centros de datos.

La frase que los ampararía es la de “infraestructuras de distribución o transporte de energía y telecomunicaciones”. Una infraestructuras privadas y de “interés general”. Un concepto bastante genérico que fácilmente podría ser utilizado por las empresas tecnológicas para la puesta en marcha de estos centros de datos.

Hasta la fecha, esta excepción únicamente aplicaba a servicios estatales o públicos, pero la Comunidad de Madrid buscará que también apliquen a empresas privadas.

Suelos urbanizables no sectorizados. Es la definición de los suelos donde se quiere añadir la excepción de la titularidad privada. Son aquellos suelos donde no hay un uso planeado, pero donde sí se puede edificar.

No son los únicos suelos que la Comunidad de Madrid quiere aprovechar más. También se piensa en los ‘suelos no urbanizables con algún tipo de protección’, que podrían servir no para instalar grandes edificios, pero sí para añadir instalaciones eléctricas.

Madrid pierde frente a otras comunidades autónomas. Según señala El Mundo, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública tiene como intención regular la actividad de los centros de procesamiento de datos. Uno de los requisitos será que tengan acceso a energías renovables para minimizar su impacto energético y de consumo de agua. 

Y este requerimiento choca contra la posición de Madrid, que se vería adelantada por regiones como Aragón, Extremadura o Castilla-La Mancha por tener mayor espacio y un acceso más fácil a la red eléctrica que no Madrid, más saturada. 

La Comunidad de Madrid no quiere perder el tren de los centros de datos, pero por  tamaño y distribución parece inevitable que otras comunidades salgan beneficiadas. 

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