El lunes 22 de abril quedará reflejado en los libros de historia con la aprobación de la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar en México. En esencia, una especie de “fondo semilla” con el que financiar las pensiones de los trabajadores mexicanos, una iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora pasa al Senado para su autorización. Fue un gran día por la lucha de los derechos de muchos trabajadores, aunque por el camino surgen varios interrogantes, implicaciones, perjudicados y delimitaciones que vamos a tratar de responder.

Qué es y a quién va dirigido el Fondo de Pensiones para el Bienestar

Esta reforma busca que todos los trabajadores accedan a una pensión digna, incluso aquellos que laboran en la economía informal o tienen empleos precarios. ¿Cómo? Complementando las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE que se jubilen a los 65 años a través del sistema Afore, es decir, los que comenzaron a cotizar desde julio de 1997 y, muy importante, cuya pensión sea igual o menor al salario promedio en el registro del IMSS.

En estos momentos, esa “cifra mágica” de salario promedio es de 17.893 pesos mensuales.

¿Por qué se hace esta reforma?

Esta iniciativa de los diputados de Morena busca complementar las bajas pensiones que muchos trabajadores van a recibir una vez se retiren durante los siguientes años mediante el esquema Afore. Para que nos hagamos una idea, los estudios calculan que muchos pensionistas actuales no llegaría ni siquiera al 40% del último sueldo del trabajador.

¿Cómo se va a financiar?

Posiblemente debamos esperar para tener un mapa más claro. Sí parece que la reforma se plantea una transferencia de algunas cuentas inactivas del sistema Afores al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar con aquellos ahorros que no hayan sido reclamados por algunos pensionistas.

Si te estás preguntando a cuánto piensa el gobierno federal que ascendería ese dinero Afore no reclamado, poca broma: 40.000 millones de pesos (quizás algo más) en alrededor de 250.000 cuentas, que son en torno al 5,5% de cuentas y el 0,4% de todos los recursos de estas entidades. Genbeta ha recogido quiénes serían los damnificados y cómo pueden reclamar su dinero.

Una pareja de jubilados.

El resto de la financiación provendrá de diversas fuentes, entre ellas los ingresos “incautados” del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, recursos del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero e incluso entidades como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Tren Maya.

Cuando se pondrá en marcha y a quién afecta (para bien y para mal)

Como decíamos al inicio, hay que ir con pies de plomo y es difícil poner fecha de inicio. Lo que sí sabemos es el proceso que debe seguir para obtener la luz verde. La iniciativa ha pasado ahora al Senado de la República, espacio donde se discutirá en las próximas sesiones ordinarias esta misma semana. Si todo sale bien (se espera que pase el aval de la mayoría de Morena y sus aliados), la medida entraría en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La idea del presidente López Obrador es que ocurra el 1 de mayo, coincidiendo con el Día del Trabajo, y en plena campaña electoral.

En cualquier caso, López Obrador deberá emitir dentro de los 60 días posteriores el decreto para la creación del Fondo, además de publicar, muy importante, las reglas que se regirán.

Por lo explicado anteriormente queda claro que muchos trabajadores y pensionistas se verán beneficiados por la iniciativa, pero también otros se verán agraviados. López Obrador ha explicado en su defensa que el Gobierno no lanza la propuesta como medida de expropiación de los recursos de los trabajadores: “el que tiene un depósito, por poco que sea, va a tener el derecho siempre de reclamarlo, no pierde el derecho”, dijo el lunes.

Quién se encargará de “administrar” el dinero y dónde o cómo reclamar si me afecta

Dicho esto, la dialéctica en el uso de los recursos deja un margen de maniobra demasiado amplio a la hora de administrar y/o proteger las cuentas de los trabajadores. Lo que sí se aprobó ayer fue la modificación al artículo 302 de la Ley del Seguro Social, estableciendo que el Fondo de Pensiones para el Bienestar contará con un Comité Técnico dependiente de Hacienda que asumirá estas funciones dentro del fondo. Es decir, parece que serán las entidades financieras y las arcas públicas las encargadas de dirimir la “inversión”, mientras que el Banco de México (Banxico) será el fiduciario (encargado de los recursos).

Por último, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ha aclarado también que los grupos de afectados por la reforma deben identificar en qué Afore se encuentra su cuenta para el retiro. Podrán realizar la consulta a través de la línea telefónica Sartel (55 1328 5000), en la aplicación Afore Móvil y en el portal Afore Web.

Este es el resumen de una propuesta que, como vemos, no estará exenta de polémica, aunque muy posiblemente será aprobada. Los líderes parlamentarios del PRI y el PAN han mostrado su desacuerdo y algunas organizaciones y especialistas también han advertido que las fuentes de financiamiento planteadas para el fondo no pueden ser sostenibles para financiar las pensiones a largo plazo.

Imagen | Eneas de Troya, Pixabay

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